“El sindicalismo debe promover formas de movilización que recurran a fuerza propia. independiente de tus vínculos con los gobiernos”: Entrevista a Pablo Pérez

Pablo Pérez es sociólogo y militante de Izquierda Libertaria. Convencido de la necesidad estratégica de fortalecer el sindicalismo, ha dedicado gran parte de sus investigaciones al estudio del trabajo organizado y sus dilemas. En ellas, ha buscado conciliar una lectura de clases con una aproximación estadística rigurosa, sin comprometer con ello ni el compromiso político ni la precisión científica. Durante esta conversación, nos habla de la relación entre sindicalismo y Estado, el rol de la izquierda en esa relación, y las oportunidades y desafíos que surgen en este campo a partir del cambio constitucional.

por Cristóbal M. Portales

Imagen / De la serie Memorias de Chile, 2020, Magdalena Jordán.

Cristóbal Portales (CP): Una primera pregunta es de carácter sociohistórico, ¿cuáles han sido los cambios dentro de la relación entre la izquierda y el sindicalismo durante la transición, comparándolos con la situación en dictadura y antes de esta? La idea es conocer cómo se da el proceso de desinterés de la izquierda por el trabajo.

Pablo Pérez (PP): Hay una cosa que es importante, que yo siempre enfatizo cuando uno estudia comparativamente el movimiento sindical chileno en el siglo XX. Una de sus características, hasta 1973, es que era un movimiento débil. Si uno compara el Código Laboral chileno con el argentino, el mexicano, o el brasileño; en Chile, el corporativismo de Estado tenía características bastante débiles. La ley laboral siempre favoreció lo que algunos llaman el pluralismo sindical. En Chile, a diferencia de Argentina o México, nunca existieron leyes que garantizaran la supervivencia económica de los sindicatos. En Argentina los sindicatos pueden controlar las obras sociales. Eso le da un poder económico muy fuerte al sindicato, porque administra plata y, al mismo tiempo, la afiliación se vuelve obligatoria para obtener obras sociales. Está demostrado que no sólo aumenta la sindicalización, sino que le da un poder económico al sindicato inexistente en países sin tales legislaciones. Hay un libro de Allan Angel, Sindicato y Partidos políticos, donde se habla mucho de eso. Según Angel, el sindicalismo chileno es institucionalmente débil, porque, por ejemplo, la negociación colectiva se daba a nivel de empresa y no de sector económico fomentaba la fragmentación sindical. Como están más fragmentados, como no tienen poder económico, el sindicalismo chileno es uno bastante poco organizado.

Lo que decía Angel, y yo creo que tiene razón, es que los partidos políticos jugaron un rol clave en ese contexto de debilidad institucional. Permitieron dotar de organización a los sindicatos, a la vez que permitieron articular un conjunto de espacios sindicales que, por definición, fueron bastante fragmentados. Eso tiene sus pros y sus contras, y eso es lo que uno tiene que entender para analizar lo que pasa ahora. Los pros es que si tienes partidos políticos con orientación socialista, con orientación prosindical, estos van a estar dispuestos a dar recursos para fortalecer al sindicalismo. El caso típico que da Angel, por ejemplo, es que las confederaciones sindicales eran organizaciones formadas por partidos políticos. La Confederación Ranquil, en la que los comunistas organizaban al sector agrícola. La Confederación del Comercio, dominada por la DC. Hasta el día de hoy uno puede apreciar un resabio de eso. Eso es bueno, porque los partidos políticos invierten recursos en superar esta condición de fragmentación. El aspecto negativo es que eso coarta, naturalmente, la autonomía sindical. El ejemplo clásico de acá es la CUT. Desde que se fundó en 1953, todos los conflictos internos han sido entre partidos. No son conflictos entre sectores económicos, sino que entre partidos a través de dirigencias sindicales. Ese es un aspecto negativo que perdura, en cierto sentido, hasta el día de hoy.

Todos sabemos lo que sucedió en la dictadura: se rompió el vínculo entre sindicatos y partidos políticos, se implantó el código laboral -el cual fragmentó aún más la acción sindical, especialmente porque imposibilitó legalmente la negociación colectiva por rama. Antes existía negociación por rama en Chile, pero era más bien la excepción. A veces uno escucha gente que dice que antes de la dictadura había negociación por rama y todos los sindicatos negociaban así, lo cual es mentira. Los únicos que podían negociar por rama eran los sindicatos profesionales, si es que había acuerdo por rama. Además, en ciertos sectores había negociación por rama porque las organizaciones empresariales estaban dispuestas a hacerlo. Está el clásico ejemplo de los sindicatos del cuero del calzado, quienes negociaban colectivamente gracias a un acuerdo entre la federación laboral de dicho sector económico y la respectiva organización patronal. En la dictadura eso se prohibió, lo cual fragmentó aún más el sindicalismo y generó una serie de instancias que favorecieron el paralelismo sindical.

Hasta el día de hoy, la legislación permite que existan múltiples sindicatos dentro de la misma empresa y que estos compitan entre sí por afiliados. Eso en otros países no existe, es como una aberración. En algunos se permiten negociaciones con grupos negociadores, lo que también es una aberración en muchos países. El sindicato tiene, por definición, el derecho exclusivo a negociar colectivamente. No tiene por qué existir otra organización que no sea sindical. Naturalmente, esto está hecho para que el sindicalismo se fragmente. Lo importante es que en la dictadura, con la revitalización de la acción colectiva en los 80, y en un contexto en que los partidos políticos estaban en la retaguardia de la movilización popular, el sindicalismo tomó un rol fundamental. Un rol que se desarrolló, muchas veces, sin la necesidad de depender de partidos políticos. Eso es lo que Paul Drake llama la “argentinización” del sindicalismo chileno en los 80, es decir, que en esos años, por ejemplo, el Comando Nacional de los Trabajadores era tan activo en promover movilización social y en promover organización de diferentes sectores sociales, que mostraba a los partidos en la retaguardia del movimiento sindical. Muchas veces el movimiento sindical fue el que permitió que los partidos políticos pudieran desarrollarse como tal.

Eso tuvo su fin el 86-87, cuando los mismos dirigentes del movimiento sindical, apelando al vínculo histórico de los sindicatos con los partidos políticos, llaman a los partidos a dirigir los procesos de negociación para la transición a la democracia. Lo que yo he investigado es que eso tuvo su máxima expresión en la refundación de la CUT el 88. Es la expresión más clara de un acuerdo entre partidos políticos; entre el PS, el PC, y la DC, donde ellos definieron los términos en los cuales se iba a reconstruir la central y que duran hasta el día de hoy. Nuevamente, esto tiene sus pros y sus contras. Yo estoy en contra de quienes plantean que la autonomía de los partidos es una virtud en sí misma para el sindicato. Esto es errado, pues está demostrado -no solo en Chile, también en Europa y otras partes del mundo- que el sindicalismo avanzó mucho en el siglo XX gracias a los vínculos que tuvo con partidos de izquierda. Estos eran la manera más directa que tenían los sindicatos para llegar al Estado. El gran problema, y esto creo que es muy importante de analizar, es que, cuando la relación sindicato-partido se da de forma asimétrica, el sindicalismo muchas veces pierde. Y pierde, porque no tiene capacidad de movilización propia. Pierde más aún, cuando sus aliados históricos abandonan la política de clase, la orientación a favor de la construcción del sindicalismo. Eso es lo que ocurrió en los 90 con el PS y con la DC.

Este es el gran drama, no la relación entre sindicatos y partidos. Si uno hace el balance, en general el acceso a espacios de poder mediados por los partidos ha sido bueno para los sindicatos. Lo que es contraproducente es cuando, como sindicato, pierdes fuerza propia y tus aliados históricos te abandonan. Comparativamente, estos dos factores no ocurrieron de tal forma en otros países. Por ejemplo, en Argentina en su período más neoliberal, en los 90 cuando Menem y los peronistas se volvieron neoliberales, el sindicalismo todavía tiene cierta capacidad de movilización propia. Esa capacidad, según se dice, se derribaba, entre otras cosas, de la continuidad de legislación laboral corporativista asociada al peronismo, la cual garantizaba cierto poder del sindicato. Por ejemplo, garantizaba cierta autonomía económica, por lo que nunca tuvieron que mendigar plata a los partidos políticos. Al contrario, durante mucho tiempo, los partidos, el peronismo, le mendigaban plata a la CGT. Allá, las organizaciones sindicales son espacios de poder donde se puede movilizar poder.

Nuevamente, esto tiene sus pros y sus contra. Los pros son que el sindicalismo de ese tipo tiene poder de movilización. Lo que no es tan bueno es que eso genera cierta burocracia sindical, la cual desarrolla un interés en mantener sus privilegios. Por ejemplo, en Argentina la crítica a los dirigentes de la CGT es muy alta. En el fondo, son considerados parte de la élite. Controlan muchos recursos, tienen capacidad de mover muchos recursos económicos, y viven no como sus afiliados. Además, eso explica por qué el sindicalismo en Chile tiene mayor nivel de aprobación que en Argentina.

CP: Normalmente tenemos esta idea de que hubo un abandono total del sindicalismo por parte de la Concertación, pero me pregunto si es que en algunos sectores no hubo también una suerte de “argentinización”. Es decir, de la generación de una burocracia sindical al alero de la Concertación, por más mínima que sea.

PP: Puede ser, pero es secundario. En el fondo, si uno lo mira comparativamente, el nivel de bienestar material que uno puede obtener siendo dirigente sindical al más alto nivel en Chile, es ínfimo en comparación con lo que ocurre en otros países. No sé si te acuerdas cuando hubo un escándalo porque Arturo Martínez y unos amigos fueron a comer langosta. Eso fue un escándalo de corrupción sindical, porque gastaron como trescientos mil pesos almorzando. Eso es una cuestión ordinaria en comparación al nivel de dinero que mueven otros sindicatos. Por ejemplo, una dirigente histórica del sindicato de profesores de México no vive allá, vive en México. En Argentina, dirigentes históricos de la CGT tienen acciones en equipos de fútbol.

Esa burocracia sindical existe en Chile, es un problema, pero no es gran parte del problema. Para mi tesis doctoral entrevisté a varios dirigentes sindicales de la Concertación, todos los de la CUT, de la DC, del PS y algunos PC. Cuando yo les preguntaba por sus vínculos con los partidos, muchos de ellos -especialmente de la DC y del PS- decían que no tenían o que hace años que no iban a reuniones partidarias. Yo les preguntaba para qué seguían y la respuesta era que siempre habían sido de tales partidos. Es como inercia y tradición.

Yo creo que eso también tiene aspectos negativos, pues no conciben la acción sindical si no es a través de vínculos con partidos, por lo tanto, a partir de la lógica de hacer lobby. Eso es lo que se vio en la reforma laboral del 2015, donde había un movimiento sindical fortalecido -comparativamente con los 90-. Había sectores como los portuarios, con quienes la IL tenemos muchos vínculos, que sostenían que la huelga general era la única forma de intervenir en la reforma laboral para hacerla no tan mala. ¿Qué decía la CUT y los comunistas? Que había que esperar, pues tenían gente en el gobierno que les iban a ayudar a meter las cuñas que queremos meter. Eso representa una lógica que es un resabio muy fuerte del pasado, que es como inercia.

En el fondo, es la lógica de pensar que porque tú tienes aliados en el gobierno, la pega está hecha y ellos van a responder a tus intereses. Y a veces eso no ocurre; no porque tus aliados sean malos, sino porque no tienen la capacidad para defender tus intereses dentro de la coalición del gobierno. Es lo que le pasó al PC durante la reforma de Bachelet. Yo no tengo duda de que el PC hizo lo que pudo para que la reforma sea decente, pero con aliados como la DC y los sectores de derecha del PPD -que andaban preocupados de formar bancadas pro-PYME, de defender a los empresarios-, es poco lo que podía hacer. En un contexto como ese, el sindicalismo debe promover formas de movilización que recurran a fuerza propia. Tiene que tener una capacidad de movilización propia, independiente de tus vínculos con los gobiernos. Si no, estás siempre bajo el alero de lo que ellos propongan, y creo que el 2015 eso fue claro. Lo que es interesante, y en esto también habría que enfatizar, es que muchos dirigentes del PS y de la DC decían esto el 2015, lo decían abiertamente. Por ejemplo, Norberto Díaz que es de la DC, él decía el 2015 que había que hacer una huelga general, que no confiaba en los Zaldívar y en los Walker, pues ellos están con los empresarios. No obstante, los comunistas, quienes dirigían la central, estaban en una posición más expectante frente a lo que iba a pasar. Nuevamente, yo no creo que los comunistas actuaron así por ser traidores de la clase obrera o porque quisieran defender una posición de privilegio. Ellos efectivamente pensaban que teniendo vínculos con agentes del gobierno se podían conseguir cosas, por lo que había que esperar. Muchos dirigentes comunistas que entrevisté el 2015 decían eso, que había que esperar y sacar los cañones cuando fuese necesario. Al final no pasó nada.

Yo creo que no pasó nada, nuevamente, porque el problema del vínculo entre sindicato y partido existe cuando el primero no tiene capacidad propia de movilización. En los 90 eso era muy claro. El gran problema, y la gran autocrítica que hacen los dirigentes sindicales de la Concertación dentro de la CUT, es que se confió mucho en lo que iba a hacer la Concertación. Ahora bien, en su defensa señalan que tampoco podían hacer mucho más, pues no tenían capacidad de movilización. Eso se entiende en los 90 tal vez, pero no el 2011, 2013 o 2015, donde el sindicalismo había mostrado mayor capacidad de movilización.

CP: Considerando ese aprendizaje que hay en el sindicalismo de los 90 a la fecha, de desconfiar de la estructura clientelar del sindicalismo de la refundación de la CUT en adelante, y sumado a las transformaciones en la estructura productiva, ¿es posible hablar de un nuevo sindicalismo, o existe más bien una continuidad?

PP: Buena pregunta. Yo creo que hay de ambos. Hay dos niveles: por un lado, están los dirigentes históricos, con vínculos directos con los partidos tradicionales, que incluso estaban actuando en el Bloque Sindical de Unidad Social. Por sobre todo, dirigencias del sector público. Estos actúan en una lógica concertacionista; entendida no en un sentido peyorativo, sino que en la lógica de que “actuemos, pues tenemos gente en el mundo político que nos puede defender o que nos puede prestar ropa cuando sea necesario. Al mismo tiempo, hay otro sector, que viene por debajo, que viene apareciendo desde los años 2000 y que se ve más nítidamente el 2015. Es un sector que desconfía mucho de los partidos políticos y de las lógicas propias de las dirigencias sindicales afiliadas a la Concertación o a la Nueva Mayoría. Son dirigentes sindicales anticomunistas, en el sentido de que desconfían de los liderazgos comunistas en la CUT.

Allá hay un problema también, pues este mundo sindical más nuevo y antipartido, si bien aporta una crítica relevante, tiende a ser un poco divisionista. Por ejemplo, esta idea clásica de fundar otra central. En Chile existen cuatro centrales sindicales. Cuando el 19% de la gente está afiliada a sindicatos, ¿va a servir de algo levantar una quinta? Yo de verdad no creo que la solución vaya por ahí, porque lo que está haciendo es fragmentar aún más un movimiento sindical altamente fragmentado. Ahora, ¿qué ocurre? Nuevamente, la legislación laboral juega muy en contra, y lo hace no solo porque no se puede negociar por rama o porque son débiles. También juega en contra, porque en Chile es fácil armar un sindicato. Muchas veces estos sindicatos se dividen por cuestiones personales y aparece un dirigente sindical manteniendo su sindicato. Eso socava la unidad de la clase trabajadora, pues favorece la atomización del sindicalismo, favorece la proliferación de múltiples sindicatos que no tienen capacidad de presión alguna. Por ejemplo, el otro día estaba revisando estadísticas sobre esto y me encontré con que el promedio de afiliados a un sindicato chileno es de 90 personas aproximadamente, existiendo casi 10.000 sindicatos en el país.

El tema es que hay muchos sindicatos y son muy chicos. Cuando presenté estas cifras en Argentina, me preguntaron por cómo es posible que exista un movimiento sindical en Chile con tantos sindicatos, por cómo se ponen de acuerdo. Yo le respondí que el gran problema es que no se ponen de acuerdo. Además de socavar la unidad sindical, se generan condiciones para la proliferación de caudillos sindicales ante cualquier división.

CP: Dijiste que una de las formas de dar orden a esa fragmentación sindical fue la militancia de izquierda durante el siglo XX, y que ahora esa misma militancia de izquierda suele dar razones para la fragmetanción. Considerando ello, ¿cuál es la posición de la nueva izquierda en esa situación? Entendiendo que como nueva izquierda podemos incluir varias organizaciones bien distintas, algunas como IL con mayor enfoque en esa área. Más allá de esas diferencias, ¿cómo se relaciona esa nueva izquierda con este nuevo sindicalismo en Chile?

PP: Yo creo que la nueva izquierda tiene un rol fundamental que cumplir en términos de la movilización sindical. En primer lugar, y esto está demostrado empíricamente, los partidos siguen siendo fundamentales para la organización sindical, incluso en Chile. Pueden compensar la falta de recursos de poder existentes, producto de, por ejemplo, de una legislación sindical hecha para defender los intereses empresariales. Está demostrado que esta revitalización sindical que ocurrió hacia finales de los años 2000 -como con los subcontratistas del cobre, del mundo forestal, con los portuarios a comienzos de la década siguiente-, ocurrió por movilización de los trabajadores, pero también porque habían organizaciones políticas que dotaban de sentido estratégico las acciones sindicales fragmentadas.

El ejemplo de la conformación de la Confederación de los Trabajadores del Cobre, que fue una cuestión de los comunistas, es claro. La pregunta más teórica es por qué los trabajadores supuestamente más débiles, con menor capacidad de presión y más expuestos a la represión patronal, como lo son los subcontratistas, hayan conseguido victorias tan importantes a finales de los 2000. En parte, es porque contaron con el apoyo de organizaciones políticas como el PC. El caso que yo conozco más directamente es el de los portuarios. Hasta antes de la fundación de la Unión Portuaria, estaban divididos como en 100 sindicatos. En algunos puertos había 5 sindicatos. Esos 100 sindicatos siguen existiendo, pero están articulados nacionalmente en una organización que le vino a hacer contrapeso a la COTRAPORCHI, la confederación histórica que lidera el PS. Esta confederación prácticamente no representa a nadie, principalmente tiene respaldo en la zona central, y que cuando hubo que hacer huelga, se alió con los patrones.

La nueva izquierda tiene un rol muy importante que jugar, pero para hacero, y considerando las condiciones adversas del sindicalismo, es necesario tener voluntad política para invertir tiempo y recursos en el mundo sindical. Voluntad política en el sentido de que hacer trabajo sindical es difícil, pues el mundo sindical -en especial el de las trabajadoras y trabajadores más precarias- es un mundo muy lejano al mundo estudiantil: es bastante despolitizado, donde uno tiene que aterrizar las discusiones, donde no se pueden convocar reuniones en la semana de 8 a 11 de la noche; es un mundo donde hay que hacer un trabajo mucho más lento. Además, es un mundo mucho más fragmentado, que arrastra una serie de rencillas históricas que, lamentablemente, socavan la unidad de la clase trabajadora. Por eso encuentro que es tan importante lo que ocurrió el año pasado en el Bloque Sindical de Unidad Social. Más allá del período de duración o de éxito de ese Bloque fue muy corto, por primera vez en décadas se sentaron a discutir y a trabajar conjuntamente sectores sindicalistas que históricamente estuvieron divididos. Al menos yo quedé muy esperanzado por eso y espero que se vuelva a repetir.

CP: Entrando a la última pregunta, y yendo a lo que se nos viene inmediatamente, quisiera preguntarte por cómo el proyecto constituyente puede fortalecer al sindicalismo y cuál es el rol de la izquierda en ello. ¿Cuáles son los puntos que, en esta línea, debiera privilegiar una apuesta transformadora, tanto en el programa constituyente como durante todo el proceso de elaboración de la constitución?

PP: El debate constituyente podría fortalecer al mundo sindical de dos maneras: una directa y una indirecta. La directa es una cuestión muy simple, pues se trata de reconocer derechos inalienables de la clase trabajadora que no están reconocidos en la constitución actual. Por ejemplo, el derecho a huelga. En Chile, la constitución no lo reconoce. Lo único que existe, es un párrafo en el artículo 19, en donde lo que se establece es la prohibición del derecho a huelga para trabajadores del sector público. Más allá de eso, no hay ninguna referencia a la huelga. Lo que reconoce la Constitución chilena es el derecho a la autonomía y a la libertad sindical, nada más. Algunos juristas como Gamonal, abogados del trabajo, plantean que, a partir del reconocimiento de la libertad sindical, se puede interpretar que como el derecho a huelga es parte del ejercicio sindical, la Constitución reconoce implícitamente el derecho a huelga. Sin embargo, hay ejemplos como el uruguayo en el que la Constitución reconoce explícitamente el derecho a huelga. En su artículo 57, plantea explícitamente que los gremios tienen derecho a ejercer la huelga y que es un derecho inalienable de los trabajadores organizados en gremios. Naturalmente, eso genera condiciones -formales, por lo menos- para el desarrollo de un derecho que en Chile está ampliamente limitado. Hasta el 2015, existían huelgas con reemplazo. Después de la reforma laboral de Bachelet, es lo mismo, pero con otras palabras.

Desde que se empezó a implementar la reforma el 2017, por ley, el empleador no tiene derecho a reemplazo en huelga. Sin embargo, puede hacer todas las modificaciones necesarias para asegurar el desarrollo de los servicios mínimos o de las actividades indispensables para la empresa. La trampa es que los empresarios tienen la capacidad de intervenir en la definición de qué es lo que es un servicio mínimo y una actividad esencial en la empresa. El resultado es el mismo: la huelga está ampliamente limitada, porque, además, al no existir negociación por rama y al existir paralelismo sindical, quienes tienen derecho a huelga son solamente los trabajadores que negocian colectivamente dentro del marco de la empresa y dentro de las restricciones establecidas por el sindicato en el cual ellos negocian. Por eso, uno tiene huelga en el supermercado, donde afuera están los trabajadores con plumero haciendo huelga y adentro está el supermercado funcionando normalmente.

La huelga en Chile no paraliza, está hecha para no hacerlo, y en otros países, sí, porque se reconoce el derecho a huelga como inalienable. Ni siquiera tiene que estar circunscrito como derecho a la negociación colectiva, como lo es en Chile. Las huelgas que ocurren por fuera de estas negociaciones son extralegales. Trabajo en el Observatorio de Huelgas Laborales, donde hacemos una contabilización de las huelgas que ocurren cada año en Chile, y ahí se ve que la mitad de las huelgas no están reconocidas por la ley. Incluso si uno quiere pensarlo más en términos desde la perspectiva de la integración social, ¿qué pasa con un país cuyo 50% de las huelgas ocurren en contextos no regulados, ni siquiera reconocido por la ley? Si yo fuera un empresario, eso me preocuparía; me gustaría tener las cosas en orden, pero a los empresarios no les importa eso.

Directamente, una nueva constitución que reconozca el derecho a huelga establecería, al menos términos formales, una nueva forma de entender un derecho inalienable que hasta ahora está muy limitado. Indirectamente, yo creo que la constitución debiera fijar no solo ese “tipo” de derechos -por decirlo así-, sino que también debiera fijar las condiciones para que minorías poderosas no puedan imponer sus intereses al resto de la sociedad. Por ejemplo, eliminando los quórums supra mayoritarios que todavía existen en Chile y que han limitado profundamente la capacidad para desarrollar reformas de carácter progresista. Eso favorecería al sindicalismo, porque, en el fondo, favorecería la capacidad de la clase trabajadora para organizarse y para defender sus intereses en el ámbito político. Sería un impacto indirecto, pero sería muy importante. Está demostrado que en los países donde no existen este tipo de trampas institucionales, es más fácil que se aprueben reformas de carácter progresista que favorezcan a la clase trabajadora.

Para cerrar la idea, y porque creo que es interesante debatir más a nivel general el vínculo entre sindicato y partido, creo que ese vínculo tiene que ser analizado porque existen dos vertientes peligrosas. En primer lugar, la concertacionista, es decir, tener dirigencias sindicales que todos problemas los van a resolver sus amigos del gobierno, incluso cuando sus amigos del gobierno dan muestras claras de no estar ni ahí con solucionar problemas laborales. La otra vertiente peligrosa es la que ve en la autonomía sindical con respecto a los partidos un valor en sí mismo. La manera correcta de entender la relación entre ambas partes es entendiendo que su vinculación es clave para que, por ejemplo, el sindicalismo intervenga en el Estado; pero es sólo beneficioso cuando el sindicalismo tiene capacidad de movilización propia. En un lenguaje más académico, cuando puede movilizar recursos de poder que no se derivan directa o exclusivamente de los partidos políticos. Cuando eso ocurre, la experiencia muestra, en América Latina, que el sindicalismo puede avanzar más rápido de lo que avanza acá en Chile.

Ejemplos claros es lo que ocurrió en Argentina y Uruguay en los años 2000, cuando llegaron gobiernos de centro-izquierda. Gracias a la movilización sindical y a la presencia de gobiernos con cierto interés en avanzar en políticas redistributivas, se cambiaron los códigos laborales. En Uruguay, por 10 años se intentó descentralizar la negociación colectiva y no se logró, pero sí se desincentivó con la idea de generar una legislación laboral parecida a la chilena. En Argentina pasó lo mismo. Menem, y después de la Rúa, intentaron establecer leyes para descentralizar la negociación colectiva, para promover la negociación colectiva a nivel de empresas. Bueno, en los años 2000, ese tipo de transformaciones legales se revirtieron con gobiernos de centro-izquierda y con movimientos sindicales capaces de empujar esos procesos a buen término. ¿Cuál es la gracia? En ambos casos, existieron con cierto interés en defender a la clase trabajadora y, al mismo tiempo, existían movimientos sindicales con capacidad de movilización propia. Si es que eso no ocurre, estamos mal.