De este modo, Micco abre espacio a una visión histórica dónde la violencia del Estado contra la sociedad es menos grave que la expresión social del descontento. Y eso es contradictorio con un compromiso pleno con la democracia y los derechos humanos.
por Juan Carlos Alegría
Imagen / Fuerzas Especiales de Carabineros intenta detener a observadores del INDH, 20 de octubre 2019, Santiago, Chile. Fotografía de José Miguel Cordero Carvacho.
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A principios del 2020, cuando las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social eran todavía frescas, el entonces director del INDH, Sergio Micco, se encargaba de relativizarlas en particular (enfocándose en discutir su calificación y no en el problema de fondo, su existencia), pero también de desnaturalizar la conversación general sobre los derechos humanos y su lugar en las democracias. En efecto, llegó a condicionar el ejercicio de los derechos a la ejecución de los deberes.
Su rol público desde hace varios años se enfoca precisamente en dificultar la discusión rigurosa y racional sobre el tema de los derechos humanos, cuestión que si bien es legítima políticamente, resulta especialmente impropia por parte de quien fuera elegido por las universidades para componer el consejo. Hace algún tiempo, volvió a sus andanzas, al concordar con la tesis de que el estallido social fue un Golpe de Estado no tradicional. Lo hizo arguyendo a la RAE, a citas descontextualizadas, a organizaciones políticas inexistentes, y a la peregrina idea de que las manifestaciones de la época tuvieron como condición de posibilidad las posiciones políticas del Frente Amplio y del Partido Comunista. También, hace esto con oportunidad de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, contexto donde las fuerzas de derecha llegaron incluso a justificarlo.
De este modo, juega nuevamente un rol que parece tener por propósito impedir la conversación racional sobre el tema, toda vez que responder una a una las falacias e imprecisiones es una tarea compleja, pero que ha empezado a desarrollarse por diferentes voces. Por tanto, parece mejor preguntarse por las causas de estas posiciones.
Allí, parece clave entender la relación que se construye con la referencia histórica fundamental para hablar de derechos humanos en Chile durante las últimas décadas: la dictadura. Al equiparar estallido con golpe de estado de manera liviana, y al distinguir categóricamente las violaciones a los derechos humanos del pasado con las del presente, produce dos efectos muy contingentes. El primero es que relativiza la responsabilidad de la derecha en el Golpe de Estado de 1973, en la medida en que busca achacarle responsabilidades similares a fuerzas políticas que por tradición se han constituido en oposición a la dictadura. Otorga un argumento para empatar, en última instancia.
El segundo, es que busca preservar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura como límite de la violencia aceptable en nuestra sociedad, lo que es muy problemático. No hay duda que la violencia de la dictadura fue más extrema y sistemática, pero poner énfasis en esa comparación dificultó, y sigue dificultando, el abordaje de la urgencia producida por las violaciones a los derechos humanos del estallido. Y por tanto los hace más aceptables.
De este modo, Micco abre espacio a una visión histórica dónde la violencia del Estado contra la sociedad es menos grave que la expresión social del descontento. Y eso es contradictorio con un compromiso pleno con la democracia y los derechos humanos.
Es importante destacar lo útil que resulta la elaboración anterior para los discursos y posiciones que se han venido construyendo desde la derecha en torno a la noción de derechos humanos. Allí, se han generado todo tipo de monos de paja para evitar las discusiones de fondo: el rol político de ese sector en la dictadura, los efectos de las violaciones a los derechos humanos en el tiempo, y la falta de garantías de no repetición frente a las mismas.
En buena medida, el estallido social abrió una bifurcación histórica. Movernos hacia más derechos y libertades o hacia más autoritaritarismo y verticalidad. La equiparación del estallido social con un golpe de estado, avanza decididamente en la segunda vía. Especialmente porque implica renunciar a conocer verdaderamente lo que pasó, por qué pasó, cómo se expresó diferenciadamente en todo el país, y cómo sigue afectando nuestro día a día. Y por tanto, impide procesarlo en clave democratizadora.
En definitiva, seguirle el juego a Sergio Micco solo nos aleja del camino que necesitamos recorrer.