“Con los TLC no se metan”: El anquilosado fundamentalismo aperturista

Tras las inconsistencias de la cancillería chilena frente a diversos tratados internacionales en lo reciente subyace un fundamentalismo aperturista, según el cual es necesario respetar únicamente los acuerdos en materia comercial y el resto de cuestiones se puede revisar a conveniencia. Imaginamos que la autocrítica no abunda, si consideramos el rol a todas luces subordinado de nuestro país en la actualidad, basado sobre todo en la exportación de commodities hacia las grandes potencias, mayoritariamente China y Estados Unidos, en un orden que los firmantes de la carta mencionada se empeñaron en construir durante las últimas tres décadas y que ha llevado a la reprimarización de nuestra economía con el consecuente daño socioambiental asociado.

por Camilo Godoy Pichón

Imagen / Manifestación en solidaridad con los presos políticos mapuche en huelga de hambre, 14 de agosto 2020. Fotografía de Paulo Slachevsky.

El reciente anuncio de uno de los candidatos presidenciales de revisar los tratados y acuerdos internacionales -sobre todo en materia comercial- que puedan no ser favorables a nuestro país en caso de llegar a la Presidencia, ha causado escozor en la élite. Este anuncio no es algo nuevo: se sitúa, de manera quizá menos definida que en lo planteado durante los últimos años por movimientos sociales (por ejemplo, Chile Mejor sin TLC o las resistencias que generaron en su momento la APEC y el ALCA) y en el marco del proceso constituyente. Sin embargo, lo que más llama la atención frente a esta propuesta es la (sobre)reacción que ciertos excancilleres han manifestado frente a ella.

En ese sentido, varios funcionarios insignes de la ex Concertación en el ámbito de la política exterior publicaron una carta en El Mercurio la semana pasada, criticando la posibilidad de que se revisaran los tratados internacionales por parte de nuestro país, comprometiendo, según su visión nuestra imagen y respetabilidad pública[1].

Pues bien, el documento es llamativo pues expresa muy fielmente lo que ha sido el sino de la política exterior de nuestro país: una atención excesiva a suscribir tratados y acuerdos comerciales con las potencias, sin importar que ello ponga a la soberanía  nacional en entredicho, tal como señala José Gabriel Palma frente al caso del TPP-11[2] y en desmedro de cualquier otro aspecto de la política internacional: migratorio, de DDHH, ambiental, etc.

En términos del derecho internacional público, los excancilleres se escudan en el llamado “principio de continuidad del Estado” (que un gobierno no desconozca las obligaciones suscritas por su antecesor). Sin embargo, olvidan ellos mismos las continuas inconsistencias del actual gobierno y los anteriores en materia de acuerdos internacionales.

Corría el año 2018, en vísperas al fallo de La Haya respecto a la denuncia marítima boliviana y en aquel entonces cuatro expertos planteaban en el mismo diario El Mercurio sobre la necesidad de salirse del Pacto de Bogotá[3], el cual según su opinión ya no servía “para blindar el estatus de paz inherente al respeto a los mismos [tratados vigentes]”.

Más aún, en otra nota del año 2019 “José Miguel Insulza y Mariano Fernández revelaron que el retiro [del Pacto de Bogotá] no se concretó luego que fallo de La Haya sobre demanda boliviana fuera favorable”[4]. Lo que evidencia una comprensión acomodaticia de los acuerdos internacionales, al tiempo que estos satisfagan o no lo que convenga -considérese que Insulza es también uno de los firmantes de la carta contra la revisión de los tratados internacionales-.

Pero la lista sigue: Era fines de 2018 y el gobierno anunciaba unilateralmente su retirada del Pacto para la Migración (Pacto de Marrakech) de la ONU, considerando que dicho pacto “no era beneficioso para Chile” y que “promovía la migración irregular” -la idea del Pacto era precisamente promover una migración ordenada y segura alrededor del mundo-. ¿Qué ocurrió aquí con la imagen país?

Posteriormente y tras las múltiples violaciones de DDHH, el gobierno mostró una línea cercana a la de Pinochet, validando “ciertos informes y otros no” y relativizando con ello la capacidad de interlocución y el rigor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y aferrándose a la anquilosada OEA y a los serviciales informes de Human Rights Watch.

En un intento desesperado por escapar de la justicia internacional en materia de DDHH, en Mayo de 2020, Piñera presentó un proyecto de ley que buscaba, a su vez, dejar sin efecto ciertas decisiones de la Corte Penal Internacional vinculadas al Estatuto de Roma. El proyecto buscaba que las investigaciones y decisiones derivadas de la justicia internacional en materia de DDHH fuesen dirimidas finalmente por el gobierno de turno y por el Ministro de Relaciones Exteriores[5]. Desautorizando con ello una de las más importantes convenciones en materia de DDHH en nuestro país, ratificada por el Congreso de nuestro país el año 2009.

Y finalmente, recordando la reciente controversia por el Acuerdo de Escazú: ¿qué señalaron los cancilleres firmantes para respaldarlo y no comprometer con ello la “imagen internacional” de Chile? La explicación de que la actual globalización obliga a poner un énfasis exclusivo en cuestiones comerciales es economicista y pone a nuestro país en una posición subordinada, lejos de una mayor simetría frente a los países centrales y lejos de los compromisos internacionales en otros ámbitos (DDHH y medio ambiente, por ejemplo). Por otra parte, no suscribir Acuerdos como el de Escazú implica no proteger la vida de los luchadores y defensores del medio ambiente: el informe de Global Witness de 2021 documentó que a nivel latinoamericano dentro de “los países que se encuentran rezagados [de la firma de Escazú] se incluyen aquellos con altos niveles de ataques contra las personas defensoras” (Global Witness 2021: 13). Dejando desprotegidos con ello también a nuestros frágiles ecosistemas endémicos.

Tras las inconsistencias expuestas subyace un fundamentalismo aperturista, según el cual es necesario respetar únicamente los acuerdos en materia comercial y el resto de las cuestiones se puede revisar a conveniencia (pese a que se invoque discursivamente el “respeto a todos los tratados”). Imaginamos que la autocrítica no abunda, si consideramos el rol a todas luces subordinado de nuestro país en la actualidad, basado sobre todo en la exportación de commodities hacia las grandes potencias (mayoritariamente China y Estados Unidos), en un orden que los firmantes de la carta mencionada se empeñaron en construir durante las últimas tres décadas y que ha llevado a la reprimarización de nuestra economía (Herreros y Durán Lima 2011) con el consecuente daño socioambiental asociado (Altieri y Rojas 1999).

Estudios de voces cercanas a la Concertación ya alertaban, en este sentido, a comienzos de los años 90’ que la liberalización económica estaba asociada a una explotación más intensa de la naturaleza y a daños socioecológicos que era necesario considerar (Gómez Lobo 1992). Considerando esto último, es importante relevar que el aperturismo comercial del actual modelo primario-exportador también ha aumentado la conflictividad socioambiental y las desigualdades interétnicas hacia las comunidades indígenas, como los mapuche frente a las empresas forestales (Torres-Salinas et al 2016) o las comunidades aymara, diaguita y likan antai con las empresas mineras (Aylwin 2013; Romero Videla y Gutiérrez 2017).

A su vez, en materia de derechos humanos, el modelo de apertura comercial a ultranza en nuestro país sustentado en la firma de acuerdos comerciales no ha considerado suficientemente, según un estudio del INDH (2018), la dimensión de los derechos humanos, disociando -salvo en el caso del Acuerdo con la Unión Europea- totalmente la dimensión comercial de los acuerdos de DDHH vigentes y supeditando los últimos a lo primero. Junto con ello, no se han producido mecanismos vinculantes con las comunidades que podrían recibir impactos derivados de la ratificación de los acuerdos comerciales y tampoco se ha sometido a una evaluación detallada de estos previo a su ratificación. Poniendo con todo ello, al Estado en un rol subordinado respecto de otros actores y poniendo los objetivos comerciales de otros por sobre nuestros compromisos en materia de DDHH. Por otra parte, el aperturismo a ultranza ha demostrado generar esquemas de desigualdad en el plano internacional, fomentando condiciones de desequilibrio entre las potencias y las economías de menor tamaño, tal como en el caso de México en su relación con Estados Unidos (Trueta y Hebert 2004).

Por lo anterior, el desafío parece ser la búsqueda de una integración a nivel latinoamericano que sea capaz de generar un mayor equilibrio en términos geopolíticos con los países centrales, proteger nuestros recursos y resguardar nuestra soberanía (Bruckmann 2012). Promoviendo, por supuesto, el respeto y garantía a los DDHH y la protección a quienes defienden el medio ambiente, más allá de cualquier presión injerencista o de cualquier acomodo adulador a las potencias de turno.

Una ponderación de los acuerdos comerciales de Chile y sus posibilidades de re-negociación debe mirarse a la luz de los antecedentes e impactos, de manera vinculante y fuera de dobles discursos, entendiendo que el aperturismo está lejos de ser un paradigma único en materia de política exterior.

Notas

[1] https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/presidenciales/ex-cancilleres-cuestionan-la-propuesta-de-politica-exterior-de-gabriel/2021-10-11/112720.html

[2] https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/01/12/las-hipocresias-del-tpp-11/

[3] https://www.elmostrador.cl/dia/2018/07/14/expertos-piden-que-chile-se-retire-del-pacto-de-bogota/

[4] https://www.latercera.com/politica/noticia/excancilleres-dicen-estaba-tomada-la-decision-salirse-del-pacto-bogota/560215/

[5] https://interferencia.cl/articulos/pinera-presenta-proyecto-de-ley-para-blindarse-ante-la-justicia-internacional-por

Referencias

Miguel Altieri y Alejandro Rojas. (1999). La tragedia ecológica del milagro neoliberal chileno. Persona y Sociedad, (1), pp. 127-141.

José Aylwin. (2013). Mercados y derechos globales: implicancias para los pueblos indígenas de América Latina y Canadá. Rev. derecho (Valdivia) vol.26 no.2.

Mónica Bruckmann. (2012). Recursos naturales y la geopolítica de la integración Sudamericana. Disponible en línea en: https://cronicon.net/paginas/Documentos/Libro-Bruckmann.pdf

Global Witness. (2021). Última línea de defensa. Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Disponible en línea en: https://www.globalwitness.org/documents/20195/Last_line_of_defence_ES_-_high_res_-_September_2021.pdf

Andrés Gómez-Lobo. (1992). Las consecuencias ambientales de la apertura comercial en Chile. Colección de Estudios Cieplán. (35). pp. 85-124.

Sebastián Herreros y José Durán Lima. (2011). Reprimarización y desindustrialización en América Latina, dos caras de la misma moneda. División de Comercio Internacional e Integración. CEPAL. Disponible en línea en: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/presentacion_sebastian_herreros_y_jose_duran.pdf

INDH. (2018). Estudio sobre acuerdos comerciales internacionales y derechos humanos en Chile 2018. Disponible en línea en: https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1190/informe-tlc.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hugo Romero Toledo, Angélica Videla y Felipe Gutiérrez. (2017). Explorando conflictos entre comunidades indígenas y la industria minera en Chile: las transformaciones socioambientales de la región de Tarapacá y el caso de Lagunillas. Estudios atacameños. (55)

Robinson Torres-Salinas; Gerardo Azócar; Noelia Carrasco; Mauricio Zambrano-Bigiarini; Tatiana Costa y Bob Bolin. (2016). Desarrollo forestal, escasez hídrica, y la protesta social mapuche por la justicia ambiental en Chile. Disponible en línea en: https://www.scielo.br/j/asoc/a/DqGRXP5zdnzKZZgXC7cBvhq/?lang=es&format=pdf

Rafael Trueta y Juan Heberth Hernández. (2004). Los costos del aperturismo a ultranza: Consecuencias comparativas para los productores mexicanos y norteamericanos. Revista Mexicana de Agronegocios, vol. VIII, núm. 14, enero-junio, 2004, pp. 221-235.