Después de la derrota y la rabia, viene el debate. ¿Qué fue lo que pasó?

Junto con ello se necesita subsanar otra falencia relevante y es que la derrota electoral de este domingo demuestra que no existe una lectura concreta sobre el “sujeto” popular en nuestro país, al que aspiramos representar en nuestros partidos y gobierno, sobre sus condiciones de vida, su subjetividad, sus principales preocupaciones y por lo tanto, la forma como lo incorporamos a este –hoy inexistente– proyecto estratégico. ¿Basta con levantar demandas en torno a temas específicos, como salud, educación, vivienda, para ganar el apoyo del voto popular? Junto con ello ¿entendemos a esas capas medias que busca ser representado por Franco Parisi, el semi-fascista Gaspar Rivas y su “Partido de la Gente”, que rehúyen de la incertidumbre y que temen por la posibilidad de “surgir” a través de emprendimientos, sin importar lo precaria que sea su vida actualmente?  La dura evidencia indica que no, y requiere un ejercicio de reflexión, análisis y elaboración por parte de la izquierda. Ambos segmentos en sus franjas despolitizadas y que no habían participado en elecciones o en política durante los últimos años, parecieran haberse volcado masivamente a favor del Rechazo.

por Felipe Ramírez

Imagen / Graffitti campaña Apruebo, Chile, 2020. Fuente: Wikimedia.


No cabe duda de que el nivel de la derrota sufrida este 4 de septiembre tiene ribetes históricos, y costará aquilatar sus efectos a mediano y largo plazo. No sólo las cifras dejan fuera cualquier tipo de interpretación, sino que desnudaron la incapacidad que tiene la izquierda de representar efectivamente los intereses de aquellos a quienes aspira a representar: los amplios sectores populares de nuestro país.

Ante lo sucedido, no queda otra alternativa que una autocrítica feroz que nos permita identificar nuestros errores y corregirlos, de manera abierta y clara, sin autocomplacencias. En lo personal, ni en los peores pronósticos pude imaginar una debacle como la sucedida, con el Apruebo sólo triunfando en 8 comunas a nivel nacional, y reuniendo menos del 40% de los votos totales.

Es cierto que contar con una base leal de 4 millones 800 mil sufragios no es poco, pero la masividad del apoyo al Rechazo en las comunas populares y la incapacidad de haber convocado aunque fuera una fracción relevante de los más de 4 millones y medio de nuevos votantes que se dirigieron a las urnas debido al voto obligatorio, da cuenta de los límites de nuestros partidos para convocar la confianza de la mayoría de toda la población.

En una columna publicada hace 3 semanas atrás en esta revista revisaba la actitud del gobierno y de los partidos oficialistas, quienes proyectaban una imagen pesimista sobre el plebiscito en función de la información que llegaba desde los comandos; ello contrastaba con el amplio interés que estaba generando la propuesta constitucional y la masividad de las actividades del Apruebo en diferentes comunas del país. En dicha oportunidad afirmé que era posible creer “no sólo que el Rechazo está en su techo, y en una posición que deja entrever que lo que lo impulsa es el miedo y la rabia, sino que entre los indecisos hay una mayor predisposición al Apruebo”[1]. La realidad demostró que el diagnóstico estaba errado: fuimos incapaces de llegar a las grandes masas populares urbanas de todo el país que votaban por primera vez en una elección, resaltando el aporte que representaba la propuesta para su vida cotidiana. Tampoco pudimos hacernos cargo a tiempo de la relación entre el plebiscito y la evaluación del gobierno, lastrada por temas como el rechazo a un quinto retiro y el alza de la inflación, el desorden en Interior y la crisis de seguridad, a pesar impulsar medidas de gran importancia como la Jornada de 40 horas y la gratuidad real en la Salud Pública, así como anotarse éxitos importantes en la recuperación de espacios públicos en sectores como Meiggs y en el combate al crimen organizado, ejemplificado en el Tren de Aragua. Tampoco se pudo revertir la pésima imagen sobre el trabajo que se realizó en la Convención. Culpar a la gente por el resultado no sólo es reprochable moralmente, también es una mala excusa ante nuestras falencias. Junto con la rabia debemos ser capaces de mirarnos al espejo e identificar dónde nos equivocamos.

Sin embargo, mi error de lectura sobre los resultados no arrasó con lo medular de la crítica política planteada en ese texto: a pesar de que nos encontrábamos en una campaña que debía cerrar con un entusiasmo arrollador un proceso constitucional difícil, que nos permitía por fin soñar con terminar con la Constitución de 1980, durante todo el proceso la izquierda apareció desorientada y sin iniciativa, completamente reactiva a la agenda que la derecha y el conservadurismo de la nueva centro-derecha de Amarillos y ex concertacionistas desplegaban activamente en sus medios de comunicación. Ni el entusiasmo de los comandos locales ni la masividad de los actos a favor del Apruebo pudieron suplir la falta de liderazgo y política de los constituyentes, de los partidos y del gobierno en la coyuntura más importante desde el plebiscito de 1988. Esto no hizo más que agravarse con el desacople del gobierno y nuestros partidos de las organizaciones de masas, aliados por excelencia en momentos como este.

Y es que en la izquierda fuimos incapaces de leer con precisión. Junto a la ventaja que nos entregaban la revuelta de 2019, la apertura de un inédito proceso constitucional, el arrollador triunfo en el Plebiscito de Entrada y una Convención Constitucional donde la derecha estaba en franca minoría y el centro político había desaparecido (en lo que representaba una sólida impugnación al modelo neoliberal), también había señales de alerta como la derrota electoral de nuestro candidato en la primera vuelta y la aún más grave derrota parlamentaria de 2021, que como vemos hoy, condiciona gravemente al gobierno y al mismo proceso constitucional.

Algunas claves aparecieron en el último editorial de ROSA: ante una lucha fundamental que definía en gran medida si el largo ciclo de movilizaciones abierto entre el 2001 y el 2019 se cerraba o abría un nuevo estadio institucional, los sectores populares llegaron “sin partidos, con sus orgánicas debilitadas, cansadas o divididas, y con buena parte de sus mejores cuadros absortos en menesteres institucionales, cuando no administrativos. Tal vez por esto es que no se logró hacer de este plebiscito el hito final en la larga lucha contra el pinochetismo y su régimen, a salvedad de la acción de algunos sectores de la izquierda radical con presencia en la Convención -especialmente las feministas- que con sus fuerzas han sabido plantear en tono dramático la profundidad de las consecuencias políticas de una victoria o una derrota. Sin duda la gran derrotada es la política plebeya, la legitimidad de su violencia defensiva y no homicida como herramienta política, el protagonismo popular e indígena que ha tenido el proceso y que ha sido tan insoportable para la derecha, el empresariado y el criollismo de clases medias. De no ganar el Apruebo, eso será expulsado moral y materialmente de la polis”[2].

La derrota actual, más aún por la contundencia que tuvo, representa “un martillazo para el tejido de las organizaciones populares y un amedrentamiento feroz por parte de los sectores reaccionarios…”. Algunas voces ya se levantan acusando el exceso de radicalismo en la propuesta y señalan que la población busca algo más centrista. Discrepando con ese diagnóstico, creo que en su contenido la propuesta de Constitución era más bien progresista antes que un texto “izquierdista” y así fue reconocido internacionalmente. El fantasma del “octubrismo radical” que agitó la derecha y el conservadurismo centrista fue más bien retórico -la forma más reprochable de radicalismo vacío- y representó una minoría en la Convención. Los sectores que podrían ubicarse en esas coordenadas políticas llamaban a anular o a no participar del plebiscito.

 

¿Qué fue, entonces, lo que pasó?

Por ahora sólo podemos levantar algunas hipótesis básicas que nos ayuden a ir viendo qué factores influyeron en el resultado. Muchos acusan al monopolio de los medios de comunicación por la derecha y el conservadurismo, que demostradamente beneficiaron al Rechazo[3]. Aparece también la intoxicación masiva de mentiras, mitos y verdades a medias en redes sociales por parte no sólo de bots o de partidarios de JAK, sino también por parte de la derecha conservadora y de intelectuales y dirigentes políticos antiguamente de centroizquierda, tal como lo develó un reportaje de CIPER que detalla la manera como ex constituyentes mintieron deliberadamente y luego amplificaron el efecto de sus declaraciones a través de medios de comunicación tradicionales y la inyección de millonarios recursos en redes sociales, aprovechando el rechazo del quinto retiro y los temores de la población en temas como vivienda o salud[4]. Lamentablemente, a estas alturas el factor comunicacional es un elemento más del escenario, y la izquierda no puede seguir actuando sin tomarlo en consideración. Sabemos que la ultraderecha actúa así: lo hizo en el Brexit, lo hizo en el plebiscito por la paz en Colombia y lo hizo en el impeachment de Brasil contra Dilma. ¿Por qué no lo iba a hacer en Chile? Toca ver de qué manera se enfrentará el vacío de medios de izquierda (¿tener una política hacia TVN que no dependa de la idea de supuesta “neutralidad” u “objetividad” del canal; recuperar La Nación?) y la hegemonía de mentiras y manipulaciones, sobre todo, pero no únicamente, por parte de la derecha más extrema en grupos de Facebook, Twitter o TikTok.

Otro factor que podemos identificar es que desde un inicio del proceso constitucional la imagen que se proyectó fue negativa: las pifias al himno nacional sirvieron como símbolo de una serie de gestos que por muchos fueron interpretados como un ánimo “refundacional” que pareciera que nunca fue compartido por la gran mayoría de los chilenos. A eso se sumaba la composición extremadamente fragmentada de una Convención Constitucional con una dificultad extrema para lograr acuerdos que permitieran contar con una propuesta coherente, y no mediante un canje entre bancadas, que propusiera un proyecto de país antes que un conjunto de artículos relativamente inconexos, aun cuando en su conjunto representaran un avance –en derechos sociales, en inclusión de sectores postergados, en descentralización, en justicia social, en capacidad del Estado para impulsar el desarrollo nacional, en defensa del Medioambiente etc. – cuando se compara con la Constitución de 1980.

Nuevamente, la imposibilidad de los partidos de la izquierda –desde el PS hasta AD– de entregar una orientación general o un marco de proyecto país desde sus convencionales, lastró también el proceso: los convencionales, los partidos, sus parlamentarios y después el gobierno aparecían desarticulados, con cada actor moviéndose de manera autónoma y sin mayor coherencia. La insistencia de “desmilitarizar” las policías a pesar de que voces técnicas desde los mismos partidos apuntaban en otra dirección en materia de seguridad, es un triste ejemplo, sobre todo tomando en consideración la crisis que se vive al respecto en el país.

La posición de semi-neutralidad asumida por el gobierno –constreñido por la Contraloría, que impidió que las municipalidades pudieran entregar información fidedigna por ejemplo, en medio de una avalancha de mentiras y mitos hacia la población– y la falta de un medio de comunicación oficialista fueron sin duda obstáculos fundamentales para contrarrestar la descarada campaña del Rechazo en medios y que no sólo tuvo el favoritismo en la cobertura de los medios como mencionamos antes, sino que contó además con un financiamiento millonario por parte del gran empresariado.

Pero un factor clave y probablemente el más importante, es la falta de un proyecto estratégico nacional que la izquierda le proponga a Chile, de manera de entregar un marco coherente y claro de lo que queremos cuando hablamos de transformaciones. No basta con entregar una “carta de derechos” o un complejo documento constitucional si no logramos transmitir a la población la tranquilidad de una perspectiva de futuro. Sabemos que el cambio produce incertidumbre y miedo en parte de la población, y debemos ser capaces de transmitir la tranquilidad de que existe un proyecto de país, una búsqueda de un mejor Chile para toda su población. La falta de ese proyecto coherente permitió que la derecha instalara, aprovechando los errores de la Convención y de la izquierda, y lanzando numerosas mentiras y falsedades, la idea de que buscábamos “destruir Chile” y adoptando la posición de “salvadores” del país.

Esta perspectiva estratégica, este proyecto de desarrollo nacional, requiere la elaboración de una lectura de la realidad del país en su conjunto, la identificación de elementos estratégicos que nos permitan articular un programa transformador en distintos niveles –el rol del Estado y los privados en la economía, de los/as trabajadores/as, del modelo productivo y el medioambiente, la descentralización, seguridad y FF.AA., pueblos originarios, mujeres y diversidades y disidencias, niños/as y adolescentes etc.– en la perspectiva de un Chile soberano y digno para toda su población.

Junto con ello se necesita subsanar otra falencia relevante y es que la derrota electoral de este domingo demuestra que no existe una lectura concreta sobre el “sujeto” popular en nuestro país, al que aspiramos representar en nuestros partidos y gobierno, sobre sus condiciones de vida, su subjetividad, sus principales preocupaciones y por lo tanto, la forma como lo incorporamos a este –hoy inexistente– proyecto estratégico. ¿Basta con levantar demandas en torno a temas específicos, como salud, educación, vivienda, para ganar el apoyo del voto popular? Junto con ello ¿entendemos a esas capas medias que busca ser representado por Franco Parisi, el semi-fascista Gaspar Rivas y su “Partido de la Gente”, que rehúyen de la incertidumbre y que temen por la posibilidad de “surgir” a través de emprendimientos, sin importar lo precaria que sea su vida actualmente?  La dura evidencia indica que no, y requiere un ejercicio de reflexión, análisis y elaboración por parte de la izquierda. Ambos segmentos en sus franjas despolitizadas y que no habían participado en elecciones o en política durante los últimos años, parecieran haberse volcado masivamente a favor del Rechazo.

 

¿Cómo respondemos a esta derrota?

Es normal que la primera reacción sea emocional y primaria: a la pena y al desconcierto le sigue la rabia, lo que se ha traducido en cosas extremas como el “roteo” hacia aquel mundo popular que votó por el Rechazo, con su caso más extremo en el de Petorca. Si bien eso puede ser entendible, es una respuesta completamente reprochable: si la gente no hizo suya la propuesta constitucional es también culpa de la izquierda, pues no supimos defenderlo, explicarlo e instalarlo en el sentido común de la población.

Actualmente tenemos que ser realistas: vivimos una derrota estratégica que amenaza con cerrar por arriba todo el largo ciclo de luchas sociales abierto en 2001 y que tuvo su momento álgido con la revuelta de 2019, que se da en un momento de grave debilidad del gobierno y ad portas de una recesión económica, sin una relación activa con las organizaciones de masas, y con la iniciativa del eventual proceso constitucional radicada en el Congreso, que cuenta con mayoría conservadora. En ese escenario, las opciones parecieran ser que el Congreso sea el espacio en el que se discuta un paquete de reformas a la actual Constitución de 1980 –la alternativa más de derecha–, una nueva forma de Convención en una versión más limitada, que utilice la propuesta rechazada y la propuesta elaborada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet como propone Socialismo Democrático, o alguna fórmula mixta que mezcle parlamentarios, expertos y representantes electos. Como izquierda debemos prepararnos para cualquiera de esos escenarios.

Por otro lado, el gobierno necesita como nunca un apoyo activo de su base política y social ante las presiones que se encuentra sufriendo, que le permita al menos salvar los elementos medulares de su programa de gobierno. Pero para desplegar ese apoyo se requiere un ejercicio previo y urgente: que Convergencia Social –e idealmente el conjunto del FA– pase de ser un aparato electoral a un partido transformador, basificado en los territorios –comunas, lugares de trabajo, organizaciones sociales– y con capacidad de lucha. El riesgo de la burocratización excesiva –como ya lo sufriera el Partido de los Trabajadores brasileño durante los gobiernos de Lula y Dilma, que terminó sin la fuerza social necesaria para enfrentar el impeachment[5]– conlleva la posibilidad de quedar sin apoyo electoral y sin capacidad de movilización en defensa del programa, cuando todavía queda la mayoría del período presidencial por delante. No nos podemos dar el lujo de que aquello suceda.

En síntesis, para superar este difícil momento se requiere no sólo una autocrítica colectiva importante, también se necesita sentar las bases de un nuevo partido enraizado en nuestro pueblo y sus luchas, con un proyecto de desarrollo nacional que enmarque a nuestro gobierno y nuestra propuesta constitucional, con una lectura del sujeto popular que queremos representar, y con un programa político concreto. Este último documento, ya mencionado más arriba, debe ser también una herramienta de politización que podamos desplegar en esa amplísima población que no votó por el Apruebo: enlaza las demandas inmediatas con una perspectiva transformadora, las luchas sociales con las tareas institucionales.

Solo con un decisivo cambio en esa dirección será posible ir modificando de alguna forma la dolorosamente contraria correlación de fuerzas que existe en la actualidad. Sin dudas es una tarea titánica, pero existen las condiciones para pensar que puede ser exitoso: no sólo contamos con el apoyo de casi 5 millones de votantes a una propuesta constitucional de fuerte tinte progresista, sino que el voto del Rechazo es muy líquido y se inclinó por ella por diferentes factores, destacando que en numerosas comunas populares de la zona central el Rechazo ganó por uno o dos puntos porcentuales.

En tiempos como los que corren, la lealtad al gobierno –que nos necesita más que nunca– debe combinarse con la autocrítica, y la acción. Requerimos debate, no esconder los problemas bajo la alfombra, sólo de esa manera podremos reforzar al gobierno de Apruebo Dignidad en el camino de las transformaciones que, estamos convencidos, Chile requiere para entrar en una nueva etapa de prosperidad.

 

Notas

[1] Felipe Ramírez “Plebiscito de salida: Es hora de confiar en los pueblos de Chile”, ROSA, 16 de agosto de 2022. https://www.revistarosa.cl/2022/08/15/plebiscito-confiar-pueblos-de-chile/

[2] Editorial 14, “Porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos”, ROSA, 1 de septiembre de 2022. https://www.revistarosa.cl/2022/09/01/editorial-14/

[3] “La cobertura fue desigual: Estudio confirma agenda pro Rechazo de grandes medios y la TV”, El Desconcierto, 2 de septiembre de 2022. https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/09/02/la-cobertura-fue-desigual-estudio-confirma-agenda-pro-rechazo-de-grandes-medios-y-la-tv.html

[4] “Los cuatro días clave que llevaron al Rechazo al tope de las encuestas y los cinco meses de campaña para mantener esa ventaja”, CIPER, 5 de septiembre de 2022. https://www.ciperchile.cl/2022/09/05/los-cuatro-dias-clave-que-llevaron-al-rechazo-al-tope-de-las-encuestas-y-los-cinco-meses-de-campana-para-mantener-esa-ventaja/

[5] Felipe Ramírez “Lula y el PT: el desafío de ser gobierno con protagonismo popular”. Cuadernos de Coyuntura, Fundación Nodo XXI,  https://www.nodoxxi.cl/cuadernos-de-coyuntura/cuadernos-de-coyuntura-archivo/2018/lula-y-el-pt-el-desafio-de-ser-gobierno-con-protagonismo-popular/

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Activista sindical, militante de Convergencia Social, e integrante del Comité Editorial de Revista ROSA. Periodista especialista en temas internacionales, y miembro del Grupo de Estudio sobre Seguridad, Defensa y RR.II. (GESDRI).