“El agua no se toca ni se negocia”: nueva victoria del pueblo de Mendoza, Argentina

Las movilizaciones de la última quincena de diciembre 2019 convocaron un amplio conjunto de organizaciones sociales y políticas, comunidades, trabajadores y productores agrícolas, inmigrantes, feministas, jóvenes, villeres, docentes, sindicatos, ONGs, además de las asambleas referidas. Ello sin el liderazgo de ningún partido ni organización tradicional, aunque si con la participación de varios partidos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Incluso la iglesia católica provincial reclamó por la derogación de la ley a través de su arzobispo. Una férrea represión de la policía intentó contener las manifestaciones, evidentemente sin éxito. Acorralades por la presión, el gobernador, parlamentaries y el gobierno debieron dar marcha atrás con su iniciativa, derogar la nueva ley 9209 (que duró solo una semana) y volver a la 7722.

por Enzo Solano

Imagen / Protesta en Mendoza, diciembre de 2019, Fuente.

El triunfo electoral del peronismo puso fin -en diciembre pasado- a la agobiante administración de una errática derecha, que deja a la Argentina en una muy compleja situación económica y social. Además del impagable y apremiante endeudamiento con el FMI, los datos más evidentes de ello son un 40,8% de la población bajo la línea de la pobreza1 y una “inseguridad alimentaria” (o hambre) que afecta a más de 14 millones de argentines2, justamente en un país (“granero del mundo”) que produce alimentos para 440 millones de personas. No es de extrañar, en consecuencia, que la llegada de una nueva administración haya desatado desmedidas simpatías, en donde las más afiebradas llegaron a imaginar incluso una “revuelta en las urnas”.

Posterior al cambio de mando, varias capitales amanecieron empapeladas con la consigna “lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”, frase que, en efecto, resulta fuertemente convocante en esta situación tan compleja. La variedad de este llamado a la unidad se extiende desde una petición por “evitar las protestas y la calle” (sindicatos de los principales gremios estatales, Madres de Plaza de Mayo, entre otros), hasta la impugnación como “pre-peronistas” a las corrientes de izquierda que están fuera del frente de gobierno, algunas de ellas incluso ya acusadas de “ser manejadas por Macri”, básicamente por no cuadrarse con el peronismo. El cierre de filas es impresionante.

Invocando la necesidad de “fuentes de recursos para el desarrollo”, el presidente Fernández da el vamos y celebra los avances del modelo extractivista. En reunión con la principal asociación empresaria y -llamativamente- antes que el senado provincial aprobara los cambios en cuestión, Fernández festejó que “hemos logrado una ley para que Mendoza también se involucre en la explotación minera”3, celebraciones por cierto efímeras, dado que la presión popular les obligó a retractarse a los pocos días.

Apenas asumido en su cargo como gobernador de Mendoza, R. Suarez, domiciliado políticamente en la coalición macrista, se reunió y acordó directamente con Fernández la modificación a la ley 7722, consiguiendo un apoyo transversal de los partidos (sola excepción de la izquierda), logrando que el senado provincial aprobara por 29 votos a favor (y 7 en contra) la bienvenida a la megaminería. Pero no hay que responsabilizar individualmente al nuevo gobernador: ya desde 2018 al menos 3 parlamentaries peronistas venían solicitando modificaciones del mismo tipo.

Así, el 20 de diciembre aprueban la ley 9209, que introducía al menos dos cambios respecto de la anterior 7722. Primero, se reducen los controles de impacto ambiental, en el sentido que los permisos ya no habrían requerido ser tratados a nivel de la legislatura provincial (se exigía ratificación por ley) y podrían realizarse por consultoras pagadas por las mismas empresas. Segundo, se habilita el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otros tóxicos similares (hasta entonces prohibidos por el art. 1 de la ley 7722), los que son altamente contaminantes del ecosistema y particularmente del agua, pero pre-requisito para la actividad de la megaminería metalífera.

En rechazo a su votación, miles de personas se congregaron contra la que llamaron “ley cianuro”. Antes y durante la sesión, una marcha recorrió 100 km desde distintos pueblos hasta la sede de la gobernación en Mendoza, juntando unas 5 mil personas durante la vigilia de la votación. Los días siguientes fueron una sucesión de protestas para exigir que el gobernador vetara la nueva ley, principalmente mediante cortes de rutas provinciales y nacionales, también acampes, marchas y actos culturales. La manifestación más masiva llegó a congregar 80 mil personas en Mendoza, en lo que viene siendo la mayor movilización desde 1972 (hoy Mendoza Capital tiene unos 150 mil habitantes y la zona denominada “gran Mendoza” ronda el millón).

El antecedente directo de esta demostración fue el ciclo que logró la promulgación de la ley 7722 en 2007, la “ley guardiana del agua de Mendoza”, también con fuertes movilizaciones y cortes de ruta, en este caso durante 15 días. Esta clase de conflictos socioambientales vienen articulándose desde la década del noventa en distintas regiones del país4, la novedad de la lucha mendocina en 2007 es que logró trascender las asambleas autoconvocadas por la temática y extenderse movilizando al amplio conjunto de la comunidad.

Gracias a la creciente problematización del extractivismo, especialmente las luchas y movilizaciones en su contra, hoy 7 de las 23 provincias argentinas cuentan con leyes que restringen las nocividades (uso de ciertos químicos por ejemplo) o directamente prohíben la megaminería. Existe una profusa red de asambleas locales a nivel nacional, muchas agrupadas en la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) y el referente principal en este caso es la Asamblea de Mendoza por el Agua Pura (AMPRA), ente que se autoconvoca desde hace 15 años y que está presente en todos los departamentos de la provincia.

Las movilizaciones de la última quincena de diciembre 2019 convocaron un amplio conjunto de organizaciones sociales y políticas, comunidades, trabajadores y productores agrícolas, inmigrantes, feministas, jóvenes, villeres, docentes, sindicatos, ONGs, además de las asambleas referidas. Ello sin el liderazgo de ningún partido ni organización tradicional, aunque si con la participación de varios partidos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Incluso la iglesia católica provincial reclamó por la derogación de la ley a través de su arzobispo. Una férrea represión de la policía intentó contener las manifestaciones, evidentemente sin éxito. Acorralades por la presión, el gobernador, parlamentaries y el gobierno debieron dar marcha atrás con su iniciativa, derogar la nueva ley 9209 (que duró solo una semana) y volver a la 7722.

Según declara el comunicado de la AMPRA: “defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse con el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes”5. Las resistencias a la aprobación del cianuro son más que fundadas: en 2015, la minera Barrick Gold ocasionó en San Juan el mayor desastre de su tipo en la historia argentina, derramando al menos un millón de litros de “solución cianurada” al río, lo que por cierto fue negado reiteradamente por la empresa, solo reconocido después de una intervención judicial. El caso se destapó por la viralización de mensajes de whatsapp en dónde les trabajadores de la minera les pedían a sus familiares que no tomaran agua, por la toxicidad que supuso el accidente. Ojo que el ministro de minería en aquella provincia, en aquel entonces, es el mismo que acaba de nombrar Fernández como ministro nacional del ramo.

Mendoza es una zona desértica, que lleva 10 años de emergencia hídrica. A pesar de las promesas de bienestar, de una megaminería que teóricamente abriría nuevos empleos y todo aquello (Mendoza tiene niveles de desocupación y pobreza que superan la media del país) y también contrario al llamado a la desmovilización de la dirigencia peronista, el pueblo supo salir a las calles a demandar con fuerza vida y dignidad. Como expresa AMPRA en su comunidado: “los mendocinos y mendocinas somos el agua del rio, que en estos últimos días rebalsó su cauce, somos aire, somos tierra y somos el fuego que cambió esta historia”.

Notas