De la revuelta popular de octubre a la cristalización de una salida al neoliberalismo: La urgencia de dicotomizar la discusión en torno al rol del Estado en una nueva constitución

En términos estratégicos, el escenario electoral próximo requiere establecer con suma claridad esta dicotomía en el imaginario colectivo de nuestro país, con la finalidad de construir un andamiaje cultural del período a través de un componente pedagógico de fácil comprensión tanto para quien vota, como para las fuerzas que articularán esfuerzos en conjunto bajo el alero de uno de dos objetivos posibles: atender a la voluntad popular mayoritaria del país expresada en experiencias como los cabildos y las marchas de millones en las calles, o hacer caso omiso a la gran premisa de las mayorías del país de extirpar el neoliberalismo y buscar algún tipo de alternativa conciliadora con el modelo; siendo la segunda posición automáticamente antagónica de la primera y renegadora del clamor de la ignominia de millones.

por Gonzalo Díaz Martínez

Imagen / Cártel sobre el plebiscito. Fuente: Flickr.


A un poco más de dos meses de enfrentar el mayor hito político desde el denominado retorno a la democracia en nuestro país, se vuelve de vital importancia polarizar las posiciones respecto al objetivo final que significa un cambio en la constitución.

Si nos remontamos a los primeros meses de esta coyuntura, tomando como punto de partida la mayor explosión de ignominia del pueblo acumulada por décadas el pasado 18 de octubre, la organización popular expresada en el territorio nacional mediante enriquecedoras dinámicas de discusión y deliberación colectiva como los cabildos, propiciaron como fruto de la sistematización nacional de este ejercicio la necesidad de cambiar la constitución como única salida posible del período al neoliberalismo; sistema identificado colectivamente y cuyos principios incrustados a sangre y fuego en la constitución de 1980, configuraron un candado hermenéutico que apresó el marco político y jurídico del país a su pleno beneficio, acarreando así una estela de 40 años de crecientes desigualdades de toda índole.

Luego del controversial acuerdo del 26 de noviembre que suprimió desde la mayoría de las cúpulas partidarias del país la posibilidad de desembocar el conflicto en una asamblea constituyente, y después del aplazamiento del plebiscito planteado inicialmente en abril de este año a causa del arribo de la pandemia del COVID-19, la coyuntura constituyente encontró un nuevo despertar desde un anuncio de la institucionalidad para retomarlo en octubre próximo, a menos de 100 días de su realización y en medio de un clima de aplacamiento de la masividad de las movilizaciones producto de la crisis sanitaria.

En este sentido, hoy atendemos a un número cada vez mayor de organizaciones sociales, movimientos, partidos políticos y comandos en búsqueda de una aplastante victoria del “apruebo” y la “convención constituyente”, capaz de marcar una correlación de fuerzas que permita vislumbrar una superación del cerrojo de los 2/3 de constituyentes necesarios en una eventual convención constituyente para conseguir los cambios estructurales demandados por las grandes mayorías del país.

Sin embargo, en la reactivación de estas diversas colectividades en virtud al plebiscito de octubre, se puede contemplar una clara atomización del conjunto de reivindicaciones que configuran el ideario colectivo de una nueva sociedad plasmada en una nueva Carta Magna, eliminando todo resabio del neoliberalismo en este nuevo marco político. Dicho fenómeno fue justamente uno de los responsables que el estallido social ocurriera 30 años después de sistemáticos aumentos de inequidades y no antes; manteniendo a todas estas fuerzas luchando parceladamente, cada una en su trinchera, de acuerdo a sus tiempos y en ocasiones consiguiendo tenues avances desde sus respectivas posiciones.

En el entendido que el escenario abierto desde el estallido social ha contribuido a un período importante de politización del sujeto de acuerdo a las capacidades de reacción y articulación de espacios previamente organizados al servicio del pueblo, así como también es imposible desconocer que seguimos en una sociedad profundamente despolitizada producto del rol conferido a las instituciones reproductoras de la sociedad desde la época de la dictadura, resulta fundamental aplicar desde todas las fuerzas transformadoras un masivo despliegue comunicacional y propagandístico, cuya principal directriz táctica sea simplificar el ejercicio de deliberación política que requiere este período para marcar posiciones definidas en el seno del pueblo chileno: el mantenimiento de un Estado subsidiario que siga las lógicas del neoliberalismo versus el avance a un Estado garante de derechos sociales, hoy en día entregados a quienes posean el capital para adquirirlos como una mercancía.

En términos estratégicos, el escenario electoral próximo requiere establecer con suma claridad esta dicotomía en el imaginario colectivo de nuestro país, con la finalidad de construir un andamiaje cultural del período a través de un componente pedagógico de fácil comprensión tanto para quien vota, como para las fuerzas que articularán esfuerzos en conjunto bajo el alero de uno de dos objetivos posibles: atender a la voluntad popular mayoritaria del país expresada en experiencias como los cabildos y las marchas de millones en las calles, o hacer caso omiso a la gran premisa de las mayorías del país de extirpar el neoliberalismo y buscar algún tipo de alternativa conciliadora con el modelo; siendo la segunda posición automáticamente antagónica de la primera y renegadora del clamor de la ignominia de millones.

De este modo, se vuelve fundamental asumir a la brevedad la tarea de depurar ideológicamente las plataformas que se erigen como alternativas para disputar candidaturas de delegados constituyentes en abril, con el claro objetivo de evitar plataformas que, pregonando el conocido relato de la unidad, carezcan de definiciones político-ideológicas que en última instancia terminen proclamando con bombos y platillos a personajes que bajo la chapa de “estadistas” con reconocida trayectoria, pergaminos en la arena política nacional y banderas de unidad, nuevamente prometan la alegría que en 30 años de gobiernos democráticos, jamás tuvieron la voluntad de entregar. En esta coyuntura, la construcción de unidad ha de partir siguiendo la premisa de establecer una salida al neoliberalismo como eje central de una nueva constitución.

Al mismo tiempo, se vuelve imperativo atender la necesidad de simplificar el debate a su mínima expresión para efectos de adherencia electoral en este proceso, el cual determinará en su producto final el marco político del Chile de las siguientes décadas. El triunfo electoral del “apruebo” y la “convención constituyente” es solamente la antesala de la madre de todas las batallas con la cual se sella el desenlace de esta coyuntura; la búsqueda de triunfar con un mínimo de 104 delegados constituyentes en el territorio nacional que estén comprometidos con un programa unitario de salida al neoliberalismo, recogiendo los aportes de los movimientos sociales que han dado la lucha por conseguir dichas reivindicaciones en las últimas décadas.

Solamente una unidad construida bajo sólidos principios políticos, ideológicos y programáticos es capaz de asegurar una salida a esta coyuntura que responda efectivamente al origen medular de este conflicto. La construcción de ésta es tarea de todas y todos quienes compartimos el anhelo de una transformación social estructural siguiendo las directrices de las grandes mayorías del país y nos encontramos en algún espacio de organización, así como también contribuir a un proceso educativo simple y efectivo que oriente al pueblo a no dejarse engañar por alternativas gatopardistas en abril. El futuro de nuestro país está en nuestras manos.

Gonzalo Díaz Martínez
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Seminarista de Pedagogía en inglés en la Universidad de Los Lagos sede Osorno y ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la misma universidad.