El gobierno habla con el lenguaje de la izquierda para aprovechar el nulo desarrollo que la Concertación tuvo respecto al drama habitacional. Su estrategia de gobernabilidad se acopla con uno de los anhelos más sentido, la angustia de no tener donde vivir o morir, para impulsar un nuevo pacto social. Hacen avanzar los proyectos habitacionales de distintos movimientos y comités, mientras preparan legislativamente el fin de la postulación colectiva. Prometen bajar el déficit habitacional a la mitad y la gente se vuelca a seguir creando o uniéndose en comités de vivienda. Las expectativas comienzan a contradecir la realidad.
por Sergio Acuña.
Imagen / Villa Portales, Santiago. Fuente: Taecilla (Flickr)
Una crisis habitacional se anida en la sociedad neoliberal contemporánea. El gobierno establece su estrategia de continuidad tomando la vivienda y la ciudad como banderas propias, de manera de acompañar la tradicional agenda de empleo y seguridad de la derecha histórica. Cuando la forma es disputada es necesario centrarse en el contenido.
Las cifras oficiales (encuesta Casen) dicen que se requieren cerca de medio millón de viviendas para alcanzar la demanda actual (déficit habitacional cuantitativo), el mismo que se requería en 1998. En dos años, del 2015 al 2017, la cantidad de familias allegadas aumentó en casi un 63%. Actualmente hay más de cuarenta mil (40.541) familias viviendo en campamentos, cifra similar a la de 1985. El capital inmobiliario -que solo ha aumentado su ganancia- produce viviendas para menos de la mitad de la población con condiciones mínimas para postular a un crédito hipotecario. El acceso a la vivienda, como bien de consumo, solo es factible para quienes dan crédito de que pueden pagarla. Décadas de funcionamiento del modelo neoliberal en el marco de mínimas libertades cívicas no han significado ningún avance en materia habitacional. Ceder la responsabilidad a privados para el acceso a derechos básicos ha sido un fracaso como solución.
El problema de la vivienda popular, nunca resuelto en este país, tiene su origen en el despojo como modelo de desarrollo. La primera urbanización tiene como función el mantener la vinculación colonial (La Serena, Valparaíso, Valdivia y Castro) y ejercer dominio (Santiago, Mendoza, Chillán y Concepción) sobre un territorio en guerra permanente desde el siglo XVI al XVIII. Un primer concepto de ciudad como fuerte militar. Las reformas borbónicas del siglo XVIII empujan una segunda urbanización (Quillota, Los Ángeles, Talca, Melipilla, etc.) que tiene como objetivo el acceso colonial a las riquezas despojadas de las comunidades y del trabajo inquilino. Un segundo concepto de ciudad como centro de administración del despojo. Su contracara es el «pueblo de indios» donde se administran las tierras y comunidades. La ocupación militar del territorio, condición necesaria para el despojo, se termina de consumar -entre guerras internas y colonización del sur y el norte grande- durante todo el siglo XIX.
Una vez despojada la tierra a las comunidades, despojada la persona de su comunidad desplazada o desintegrada, podía hacer posible el despojo de la corporalidad. Ya en el siglo XIX había sido homogeneizado el concepto de ciudad como tránsito de la «barbarie» (pueblo) a la sociedad moderna, pero recién en el siglo XX puede desarrollarse sin mayor oposición. Lo que hoy sigue siendo el tránsito de la «población» a la «villa», la tormentosa integración a la sociedad en la búsqueda del consumo de lo que esta produce. En la medida que el despojo se fue desarrollando, se pasó de un país rural a uno extremadamente urbano en menos de dos generaciones. En la pobreza, que migra del campo a la ciudad, está presupuesto el despojo permanente. Proceso que alcanzó su cúspide cuando se puso en contradicción la tenencia de la tierra, a mediados del siglo XX, con la reforma agraria en el campo y las tomas de terreno en las ciudades. Rápidamente interrumpida por la nueva ocupación militar.
Las poblaciones y campamentos comienzan a ser la mayor parte de las ciudades. Desde una expulsión del origen, generalmente forzosa, se establecen asentamientos que asumen una forma comunitaria de subsistencia cruzada con todas las relaciones sociales opresoras, que se descubren en la ciudad o se arrastran del campo. Lugar que se vuelve central en la resistencia contra la dictadura y que va pasando un tránsito de desintegración. La comunidad sufriente va disolviéndose en la medida que el capital las va subsumiendo y vinculando al narcotráfico y la marginalidad. La primera generación nacida después de la migración, con cultura rural-comunitaria en su hogar, se transforma en la juventud sacrificada en dictadura para el desarrollo del proyecto neoliberal.
La crisis de la vivienda que existe hoy nos habla de todo lo anterior. Se anida en todas esas familias sobrevivientes de las traumáticas transformaciones sociales que durante siglos exigido el desarrollo capitalista en un país periférico. La descendencia de todas esas comunidades, familias y personas, que sufrieron el despojo originario, la migración forzosa, está allegada, hacinada o precarizada en la ciudad. Lugares que se tornan en sacrificio al desarrollo extractivista y a la especulación inmobiliaria. Nuevamente se le despoja a las comunidades las posibilidades de reproducir su vida. El desarrollo histórico del concepto de ciudad se alimenta del sufrimiento de las mayorías.
El contenido de las palabras «ciudad», «vivienda» e «integración social» -que hace gárgaras el gobierno- chorrea sangre, implica la lucha contínua de la oligarquía por despojar de todas las relaciones comunitarias y bienes comunes posibles a nuestra gente. Su propuesta es integrar en base al juicio de los grandes capitales, es decir, en forma individual y a merced de la deuda, el arriendo subvencionado, o la buena voluntad del capital. Hablan del derecho a la ciudad y con eso se refieren a «planificar» facilitando la inversión inmobiliaria en «zonas de integración urbana» que puedan sobreponerse a los planos reguladores comunales. Hablan de vivienda pública y se refieren a concesionar terrenos fiscales para que el capital inmobiliario lucre a través del arriendo, salvo que una parte, el veinte por cien, será subvencionado por el Estado para que la inmobiliaria no pierda tampoco con las familias más precarizadas. Hablan de integración social y se refieren a la promesa, siempre inconclusa, de que el desarrollo a través del despojo, tarde o temprano, terminará por beneficiarnos.
El gobierno habla con el lenguaje de la izquierda para aprovechar el nulo desarrollo que la Concertación tuvo respecto al drama habitacional. Su estrategia de gobernabilidad se acopla con uno de los anhelos más sentido, la angustia de no tener donde vivir o morir, para impulsar un nuevo pacto social. Hacen avanzar los proyectos habitacionales de distintos movimientos y comités, mientras preparan legislativamente el fin de la postulación colectiva. Prometen bajar el déficit habitacional a la mitad y la gente se vuelca a seguir creando o uniéndose en comités de vivienda. Las expectativas comienzan a contradecir la realidad.
El gobierno juega con una olla a presión, este desarrollo a producido la ciudad de la miseria donde no dejamos de existir. Son momentos donde hace falta despejar la paja del trigo y atender al resurgir de las comunidades despojadas en la ciudad recuperando la tierra para construir vida digna. Las tierras fiscales y privadas, urbanizadas o no, deben ser recuperadas y defendidas para resolver un conflicto existencial de la mayoría de este país. La mejor oposición al gobierno será conducir la expectativa construida para profundizar la recuperación territorial.
Sergio Acuña
Dirigente de pobladores y militante de SOL - Frente Amplio.
Por despojo podemos tener la segregación urbana y el aislamiento, en dónde el pacto al que hace referencia tu columna, compañero, se puede percibir como una pretensión negativa para la vida cotidiana, que es de control social. La profundización de la recuperación territorial, es una molarización de nuestros propósitos, tendiente a converger los programas de oposición, para la construcción del devenir de nuestra lucha social, en donde una de las perspectivas es un sistema de protección social público (en donde se otorgue a las personas y familias de la tierra chilena: alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo y previsión social), con acceso a los bienes y servicios de una economía social, de visión histórica y geográfica.